El País 31/07/2009
La democracia es un sistema político curioso. En su afán por acoger el pluralismo social de intereses y formas de ver el mundo, organiza el gobierno a partir de la concurrencia de partidos representativos de algunos de dichos intereses, valores o ideologías. Aquellos que consiguen el mayor apoyo popular acceden al gobierno y acaban personificando al conjunto de los ciudadanos. Se da así la paradoja de que una parte -recordemos que partido viene del término latino pars-partis- actúa en nombre de todos y se erige en la encarnación del interés general. Hasta ahora no hemos encontrado un sistema alternativo mejor y, en general, funciona. En algunos lugares incluso muy bien. Suelen ser países en los que la cultura cívica de fondo restringe el faccionalismo y obliga a los grupos políticos a anteponer el interés general por encima del estrictamente partidista. Pero todas las democracias suelen tener, además, todo un conjunto de instituciones estabilizadoras, encargadas de asegurar el más riguroso respeto a las reglas de juego y el velar porque determinadas funciones del Estado queden libres de intereses de "parte". Entre ellas podríamos mencionar algunas de distinta naturaleza, como el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial como un todo, incluyendo al CGPJ, o a organismos como el Banco de España, la CNMV u otros.
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